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El gobierno vuelve a postergar el FAL porque las empresas resisten las comisiones de los bancos
El Gobierno posterga al menos un mes la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el sistema creado por la reforma laboral para financiar indemnizaciones. La demora expone una disputa por las comisiones que cobrarán bancos y administradoras financieras. Las empresas no quieren asumir esos costos y el equipo económico encuentra, de paso, un alivio transitorio para las cuentas públicas: evita que en noviembre una parte de los recursos que recibe la ANSES termine en manos de administradores privados.
Como reveló LPO , 250.000 empleadores todavía no habían elegido la entidad encargada de administrar sus fondos de indemnizaciones a comienzos de octubre. La cifra expone las dificultades para poner en marcha uno de los principales instrumentos de la reforma laboral. Detrás de la demora aparece una discusión menos jurídica que financiera: cuánto cuesta administrar esos recursos y quién se queda con el negocio.
El mecanismo obliga a las empresas a seleccionar una entidad habilitada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), abrir una cuenta individual y obtener un identificador denominado ID FAL. Los recursos serán administrados mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Si los empleadores no realizan la elección, la CNV podrá asignarles una entidad de oficio. Pero la elección está lejos de ser un trámite administrativo. Las entidades financieras cobrarán comisiones por gestionar esos recursos y las empresas deberán evaluar cuánto representan esos cargos sobre el rendimiento de los fondos.
Aunque el aporte obligatorio se compensa con una reducción de las contribuciones patronales, los gastos de administración y los costos financieros del esquema abren una discusión adicional.
Se demora el FAL porque 250.000 empleadores aún no eligieron su fondo de indemnizaciones
El problema es particularmente sensible para las pequeñas y medianas empresas, que atraviesan un escenario de actividad débil, crédito caro y márgenes cada vez más estrechos. Para muchas firmas, la obligación de contratar una administradora supone incorporar una nueva estructura de costos sin tener certeza sobre el rendimiento que obtendrán los recursos acumulados. Del otro lado del mostrador, los bancos y las sociedades de bolsa disputan un negocio millonario.
Las entidades financieras compiten por captar las cuentas de las grandes empresas y ofrecen incluso líneas de crédito para atraer clientes. La administración de los fondos promete comisiones recurrentes y una masa de recursos que crecerá con cada liquidación mensual de salarios.
La dimensión del negocio es considerable. Según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el FAL podría movilizar alrededor de 263.268 millones de pesos mensuales, equivalentes a unos 2.179 millones de dólares anuales.
El cálculo parte de una masa salarial de 13,3 billones de pesos correspondiente a unos 6,2 millones de trabajadores privados registrados. Se trata de una proyección y no de fondos efectivamente constituidos.
El esquema establece aportes equivalentes al 1% de la masa salarial para las grandes empresas y al 2,5% para las micro, pequeñas y medianas. Sin embargo, esos recursos no representan un aporte patronal nuevo. Se financian mediante una reducción equivalente de las contribuciones destinadas al sistema previsional, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y las asignaciones familiares.
Ahí aparece el segundo problema que explica la conveniencia fiscal de la postergación. El dinero que hasta ahora financiaba prestaciones de la seguridad social será redirigido hacia cuentas privadas destinadas al pago de futuras indemnizaciones. Pero la ANSES deberá seguir pagando jubilaciones y pensiones con independencia de ese cambio.
El diputado Guillermo Michel había advertido que el costo del FAL para la ANSES podría alcanzar los 3.000 millones de dólares. Esa estimación permite dimensionar el impacto potencial de la reforma sobre las cuentas previsionales. La implementación del sistema abre así un bache fiscal que el Tesoro deberá compensar con otros ingresos, mayor endeudamiento o una reducción adicional del gasto.
El fondo para despidos que propone Milei le cuesta a la Anses USD 3000 millones
Para Luis Caputo, demorar la puesta en marcha representa un alivio inmediato. Con las cuentas públicas cada vez más ajustadas, evitar que esos recursos salgan del circuito tradicional de la seguridad social durante noviembre le permite ganar tiempo. Claro que el problema no desaparece. Se traslada al mes siguiente, cuando el sistema finalmente comience a funcionar.
La discusión también tiene una dimensión que excede las comisiones. Como reveló LPO, el Ministerio de Economía habilitó a los fondos a comprar bonos del Tesoro nacional sin establecer un límite específico de concentración. En cambio, fijó un máximo del 20% para deuda privada y del 15% para títulos provinciales.
De esta manera, Caputo diseñó un mecanismo que puede cumplir una doble función. Por un lado, las empresas acumulan recursos para afrontar indemnizaciones. Por otro, las administradoras podrán utilizar una parte de ese dinero para financiar al propio Tesoro mediante la compra de deuda pública. El Estado resigna ingresos previsionales, pero queda habilitado para captar esos mismos recursos a través del mercado de capitales, pagando los intereses correspondientes.
La comparación con las antiguas AFJP aparece por la estructura del negocio. Recursos vinculados al trabajo pasan a ser administrados por entidades financieras privadas que cobran por gestionarlos y deciden dónde invertirlos dentro de los límites regulatorios. La diferencia es que el FAL no administra jubilaciones, sino reservas para financiar indemnizaciones. Además, si los fondos acumulados resultan insuficientes, la obligación de pagar sigue siendo del empleador.
Pero hay otro detalle regulatorio que merece atención. La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso mediante la Resolución 109/2026, vigente desde el 18 de septiembre, que los aportes obligatorios, contribuciones voluntarias, donaciones y demás ingresos destinados al FAL queden exceptuados de determinadas medidas, controles y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
La UIF justificó esa excepción por la trazabilidad de los fondos canalizados a través de ARCA, la identificación de las cuentas, la supervisión de la CNV y las restricciones para que los empleadores dispongan libremente del dinero.
Así, mientras las empresas discuten cuánto deberán pagar por las comisiones y el Gobierno calcula cómo absorber el costo fiscal, los administradores financieros se preparan para recibir un flujo millonario de recursos con un régimen específico de controles antilavado.
Esta nota fue publicada en el portal LaPolíticaOnline. Read More
